Los retos medioambientales a los que nos enfrentamos nos acechan. Nuestro planeta demanda que demos una pronta respuesta a las problemáticas provocadas por el incesante avance del cambio climático. Sequía, deforestación, extinción de especies, incendios forestales, aumento de temperaturas o aumento del nivel del mar son solo algunas de las cuestiones que debemos tratar con la urgencia merecida. Para poder hacerles frente, es necesario un cambio de actitud que englobe tanto a la sociedad como a las empresas e instituciones. Para ello, el avance legislativo es una pieza fundamental.
En nuestro país, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética es el instrumento articulado para garantizar el cumplimiento de los compromisos que España ha adquirido frente a la Unión Europea en materia de energía y clima tras el Acuerdo de París contra el calentamiento global firmado en diciembre de 2015. Con el trabajo en marcha, la jefa de cambio climático del Gobierno, Valvanera Ulargui, aseguraba el pasado mes de diciembre en una entrevista a Efe que “la ley podría estar cerrada en un año si hay consenso político“.
Esta regulación lleva un plazo de entrega, pues debe estar lista en la próxima cumbre del clima de la ciudad polaca de Katowice (COP24), donde los países participantes deberán dar cuenta de las leyes y medidas que hayan desarrollado para dar cumplimiento a los acuerdos suscritos.
A la elaboración de esta nueva legislación se han incorporado diversas ONGs englobadas en el denominado “G5 Ambiental“. Las entidades partícipes son Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/Birdlife y la WWF. Sumado a ellas, también se encuentran representantes del sector financiero y empresarial. La ciudadanía también juega su papel en la definición de esta normativa, habiendo el Gobierno de España puesto en funcionamiento un proceso de participación online, considerado insuficiente por diversas organizaciones implicadas. Esta consulta fue abierta el pasado mes de julio y, tras algo más de cuatro meses acumuló hasta 170 propuestas. Desde el Ministerio se aclaró que este proceso esperaba encontrar con una mayor implicación social y hacer partícipe a la ciudadanía de este cambio de modelo.
Las organizaciones medioambientales ya han adelantado las necesidades que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética debería cumplir con soltura. Entre ellas, que sea ambiciosa, con metas concretas situándolas a corto, medio, y largo plazo o que sea coherente y transversal al conjunto de políticas públicas del Gobierno.
Sumado a estas demandas, también es necesario que esta Ley se elabore de tal manera que transmita de manera clara qué deben atenerse tanto los actores sociales como económicos. Para ello, debe indicar con firmeza lo que se prohibirá y también lo que se premiará, fijando incentivos económicos a favor de todas aquellas actuaciones que pongan en valor la buena relación con nuestro entorno y no maltrato de nuestro planeta.Para poder lograr todos estos objetivos, es necesario que la adopción de esta medida vaya acompañada con un claro interés por transmitir a la sociedad en su conjunto su vital importancia. Hacer partícipes a los ciudadanos de este cambio de mentalidad. Educar en una nueva economía sostenible, centrada en las personas y la conservación de nuestro planeta. Para ello, los medios de comunicación, el sistema educativo y la cultura son nuestros mejores aliados.
Podemos tomar como ejemplo la experiencia británica. Precisamente la pasada semana visitaba Madrid John Gummer, uno de los implicados en la Climate Change Act de Reino Unido. Este país es uno de los pioneros en la implementación de legislación que frene el cambio climático. Aprobada en el 2008, la Climate Change Act contó con la participación pública y apoyo de la sociedad civil, clave en su impulso y adopción.
Entre las claves de éxito de la Climate Change Act se destacan la creación de un Comité que reunía a especialistas académicos y técnicos, elaboración de presupuestos quinquenales de carbono, la comunicación a la opinión pública o concienciación de sindicatos y empresas. Los resultados de la ley no han tardado en llegar: Reino Unido ha reducido ya un 40% sus emisiones con respecto a 1990 mientras que su PIB ha aumentado un 60%.
A la espera de un texto final y la publicación e implementación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, es necesario que sigamos demandando a las instituciones una mayor implicación. También que hagamos usos de las herramientas que se ponen a nuestra disposición, como es el caso de las consultas online. Frenar el grave deterioro al que estamos sometiendo a nuestro planeta es tarea de todos, y por tanto, la solución debe partir también de nosotros.
Con información de MAPAMA, La Vanguardia, Ethic y Diario Responsable. Imágenes de Jon Flobrant, Mauo Mara y Beata Ratuszniak
