Vivimos en una sociedad de usar y tirar. La innovación de las industrias tecnológicas pasa por productos cada vez más potentes, ligeros, espectaculares. Sin embargo, estos avances con poca frecuencia suelen pasar por la durabilidad y vida útil del producto. Compramos más, más rápido y con mayor frecuencia. Frente a ello, desaparecen más talleres de reparación y cada vez se nos hace más fácil y barato reponer que arreglar.  Esta tendencia se debe a la cada vez más normalizada obsolescencia programada.

Vivimos en sociedades desechables del mundo industrializado. Más allá de las consecuencias económicas de lo que esto supone, el desastre medioambiental es evidente. Desbordamiento de vertederos, contaminación, despilfarro de recursos y energía.

En este sentido, los residuos electrónicos crecen casi siete veces más rápido que otras formas de desechos. A pesar de los limitados esfuerzo por su reciclaje, todavía hoy aproximadamente 140 millones de teléfonos móviles terminan en los vertederos de Estas Unidos. Muy preocupante, pues la cifra es anualmente. En nuestro país, según la Unión Europea, el 75% de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) que generamos no se gestionan de forma adecuada.

Como resultado, cada año, cientos de miles de viejos ordenadores y teléfonos móviles son tirados en vertederos o incinerados. Por si esto no fuera lo suficientemente alarmante, miles más son exportados, a menudo ilegalmente, de Europa, EE.UU, Japón y otros países industrializados. ¿El destino? Zonas menos desarrolladas de Asia y África.

En el marco de la Unión, es Francia el país que más en serio se toma erradicar con esta mala práctica, asumida sobre todo en el sector tecnológico. En el pasado mes de septiembre, se registró en nuestro país vecino la primera denuncia de un colectivo de consumidores contra los fabricantes de impresoras. La asociación en cuestión, “Alto a la Obsolescencia Programada”, acusa a marcas como HP, Canon o Epson de “prácticas destinadas a reducir deliberadamente la vida útil de las impresoras y cartuchos”. La obsolescencia programada es la encargada de diseñar productos para el fracaso, instando a los consumidores a reemplazarlos con una frecuencia que dista mucho de ser sostenible.

La asociación fue creada en el año 2015 para luchar contra la obsolescencia programada. Desde su página web señalan que “durante décadas, los fabricantes han decidido voluntariamente acortar la vida de los productos , obligándonos a comprar nuevos. Nuestro objetivo es prolongar la vida de estos y promover modelos económicos alternativos que giren en torno a productos sostenibles, reutilización, reparación y reciclaje”.

Ya en el año 2014, con su “Ley de Hamom”, Francia se convirtió en el primer país del mundo en abrir la puerta a las sanciones por la extendida práctica de la obsolescencia programada. Sin embargo, no son todo cohetes en la mencionalda legislación francesa. El truco se encuentra en que, en lugar de obligar a las empresas a producir bienes más durareros, les exige que sean transparentes en la comunicación de la vida util esperada de su producto. Si bien insuficientes es un primer paso a dar para frenar la obsolescencia programada que bien haríamos en imitar en nuestro país.

Más allá de la presión desde el ámbito legislativo y político, desde la ciudadanía también han surgido movimientos para erradicar estas prácticas. Cada vez aparecen más iniciativas locales que pongan de nuevo en alza la reparación de objetos. Buen ejemplo de ello son los talleres de Altrapo Lab, en los que nos invitan a escoger una prenda que ya no usemos en nuestro armario y darle un nuevo look para poder seguir usándola.

Coser una camiseta que se nos ha roto o cambiar la pieza del reproductor de música que ha dejado de funcionar son pequeños detalles que pueden marcar una diferencia. Como consumidores también tenemos el derecho y la responsabilidad de tomar decisiones de compra más responsables. Consumir es un acto político, y no debemos olvidar el enorme poder que tenemos para instar a las grandes corporaciones a virar hacia modelos más sostenibles.


Con información de Forbes, The Ecologist, El País, Imágenes de Álvaro SerranoGiu Vicente y BASEL ACTION NETWORK (BAN)

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